El pasado 21 de febrero de 2017 se publicaba en el BOE el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial mediante el que se atribuían a unos determinados Juzgados en exclusiva los asuntos civiles que pudieran surgir en relación con las Leyes 24/2015 de Patentes, la cual no se encontraba en vigor, Ley 17/2001 de Marcas y 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Se trataba en principio de una buena noticia ya que conllevaría la especialización de estos Juzgados de manera que las disputas sobre asuntos de Propiedad Industrial estarían sujetas a un mejor criterio, formado a partir de la experiencia obtenida.
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