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Hace unas semanas en una excelente entrevista en El País, el francés Benoît Battistelli (París, 1950) que hace más se seis años que ocupa la presidencia de la Oficina Europea de Patentes, defendió la relación entre “patentes, crecimiento económico y empleo”.
El interés de la entrevista, que recomiendo leer, se explica, en parte, por las vicisitudes a las que ha tenido que hacer frente Battistelli y su equipo para sacar adelante el proyecto de patente europea.
Más allá de las implicaciones políticas que veremos más abajo, podemos definir el sistema de patente europea como un mecanismo que «permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación en aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Así, se puede obtener protección en hasta 38 países del ámbito europeo (miembros en mayo 2011).» (Según define la propia Oficina Española de Patentes y Marcas).
"España mantiene una oposición al proceso de integración hacia la patente europea si no se reconoce el español como idioma oficial de la institución."
Se trata, éste de un sistema de unificación que debe conducir a la superación de este algoritmo cuasi cuántico y surrealista que significan los 38 sistemas distintos de patentes a los que deben hacer frente las empresas, inventores y centros de I+D+i europeos. El objetivo final de la propuesta Battistelli consiste en que, con una sola solicitud las innovaciones queden cubiertas en todo el mercado europeo: 500 millones de personas.
Con la llegada de 2017, en proceso podría culminar, pues se prevé que sea en este ejercicio cuando se ponga en marcha el tribunal europeo de patentes, último eslabón de la cadena.
En palabras de Battistelli, la creación de este tribunal “implica que, por primera vez, un tribunal europeo permitirá resolver en primera instancia litigios entre particulares, tú y yo. Y eso es un progreso real: por primera vez los Estados miembros transfieren sus competencias jurisdiccionales a una institución supranacional. Eso es lo que lo hizo tan difícil: no podía englobarse dentro del marco de los tratados europeos, sino que debía ser aprobado por los Parlamentos de todos y cada uno de los Estados miembros.”
"La culminación del proceso de integración final de la patente europea debe emprenderse dilucidando tanto las dudas en cuanto a temas políticos como de implantación ejecutiva."
La implicación real política que tiene la creación del tribunal europeo es, pues, mucho mayor de lo que podría parecer y, en cierto modo implica un elemento de cesión de soberanía que los estados deben hacer en uno de los momentos políticos en los que la Unión Europea se halla más debilitada.
Sin embargo, llevar a cabo la culminación de esta integración no es un proceso sencillo y por el camino quedan algunos escollos importantes: ¿Cómo puede interferir el brèxit en este proceso, teniendo en cuenta la potencia económica, la importancia del mercado y el rol como emisor de patentes del Reino Unido? ¿Qué hará finalmente España —cabe recordar su oposición frontal al proceso de integración hacia la patente europea— si no se reconoce el español como idioma oficial de la institución? ¿Quedará el estado al margen con un sistema de acreditación independiente? ¿Variará significativamente el coste de las patentes la implantación europea de un sistema de solicitudes unificado?
Es necesario resolver con inmediatez las dudas que todavía persisten alrededor de este proceso para que, finalmente, el mercado internacional vislumbre una solución real al galimatías que, a ojos de empresarios, inversores e investigadores, ha supuesto durante años la carencia de una solución común europea para la protección de sus bienes